ENTRE LO INSTITUCIONAL, LO CONTRACTUAL Y EL DAÑO REPUTACIONAL.

Chile, tal como el mundo entero, vive un proceso de profundas transformaciones a partir de la condena generalizada a todo tipo de violencia contra la mujer. Ningún ámbito social ha quedado al margen de revisar sus políticas internas, ni siquiera la industria del deporte.

Con ese afán, desde hace unos meses entró en vigencia la Ley Nº21.197 que obliga a las organizaciones deportivas a contar con un protocolo contra el acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva, y se ha presentado a tramitación otro proyecto que busca establecer una obligación similar para prevenir la violencia de género y violencia doméstica. Detrás de estas iniciativas está, por cierto, una valoración del deporte como actividad que inspira valores sociales deseables como la vida sana, la leal competencia, la integración social, entre otros, como también la protección de la reputación de una industria en incipiente desarrollo.

A partir de casos emblemáticos como el de O.J Simpson (jugador de la NFL, juzgado por el homicidio de su exesposa y un amigo) la violencia de género relacionada al deporte ha sido una realidad estudiada y enfrentada en el derecho comparado, por la cual se han adoptando políticas especiales por parte de las Ligas y los equipos en particular. Frente a esta situación, podemos esquematizar dos formas de respuesta a la problemática: (i) una institucional y (ii) una contractual.

(i) La respuesta institucional es un tipo de autorregulación o instrumento de soft law, relacionada con la elaboración de políticas internas de las organizaciones deportivas o las ligas. El modelo más adelantado en estos aspectos es el implementado por la National Football League (NFL) desde 1997,  denominado como Personal Conduct Policy, que anualmente se encuentra bajo evaluación. Las últimas modificaciones en los estatutos de la liga se dieron tras las sanciones que recibieron en su momento los jugadores de fútbol americano de los Ravens,Ray Rice (por violencia doméstica) y Adrian Peterson (por abuso de menores) en el 2014.Esta respuesta institucional puede dividirse en tres aspectos:

  1. Una política de conducta personal obligatoria para los jugadores, entrenadores y, en general, trabajadores que desempeñan sus funciones al interior de la organización. En ella se explicita un catálogo de conductas sancionables. La liga no establece como requisito para aplicar una sanción la culpabilidad de la persona, señalando que: “incluso si la conducta no resulta en una condena penal, los jugadores que se encuentre involucrado en cualquiera de las siguientes conductas estará sujeto a sanciones”. Entre las conductas sancionables se encuentran: violencia física real o amenaza contra otra persona, incluida la violencia en el noviazgo; violencia doméstica, abuso infantil y otras formas de violencia familiar; agresión con o sin resultado de lesiones, incluyendo agresión sexual u otros delitos sexuales; comportamiento violento o amenazante hacia otro empleado o un tercero en cualquier lugar de trabajo; posesión ilegal de una pistola u otra arma; posesión, uso o distribución ilegal de alcohol o droga; delitos que involucren crueldad hacia los animales, etc.
  1. Un órgano que vigila, un procedimiento de investigación y sanciones en caso que ocurriesen las conductas mencionadas. Existe un Comité de Conducta integrado por 8 directivos y 2 jugadores, quienes constantemente se dedican a revisar la Política de Conducta. Adicionalmente existe un oficial disciplinario, encargado de instruir la investigación, quien finalmente emite una recomendación o sugerencia de sanción al Comisionado (persona que dirige la liga), quien deberá resolver la aplicación o no de sanciones. Respecto del procedimiento, cabe señalar que se establece un deber de cooperación, no tan solo respecto del deportista investigado, sino también respecto de cualquier otro deportista, funcionario, técnico, etc.; quienes tendrán la obligación de responder a los requerimientos del oficial investigador. No cooperar con la investigación puede ser objeto de una sanción disciplinaria, precisamente, para prevenir posibles encubrimientos al interior de los equipos. La misma política, establece una Lista de Exentos o Suspendidos, vale decir, personas que, en términos generales, se encuentran siendo investigadas, quienes pasan a una nómina que les impide practicar ni asistir a partidos. Esta suspensión no implica suspensión en el pago de remuneración o sueldo para el deportista.
  1. Aplicación de sanciones, tanto interna dentro del equipo o club, como externas a nivel de organización y liga. Dependiendo de la naturaleza de la infracción y el historial del jugador, la medida disciplinaria puede ser una multa, una suspensión por un período fijo o período de tiempo indefinido, una combinación de los dos, o la prohibición de jugar en la liga, con la posibilidad de postular nuevamente. La sanción también puede incluir un período de prueba, indicando las condiciones que deben cumplirse para su reincorporación y seguir siendo elegible para participar en la liga. Los infractores reincidentes estarán sujetos a disciplina “mejorada y / o acelerada”, incluida la prohibición de jugar en la liga con la posibilidad de postular nuevamente. En casos de sospecha de una conducta sancionable, se realiza una evaluación clínica (psicológica) de costo de la liga, además de programas de educación y orientación. Estos servicios no se incluyen dentro de una sanción, sino que tienen como objetivo ayudar al jugador para que él aborde de la debida manera el procedimiento de investigación del cual será sujeto. La disposición a someterse a estos servicios será considerada como una atenuante en caso de que la investigación recomiende su sanción. Cabe destacar que las ligas norteamericanas coinciden en ofrecer ayuda profesional (médica, psicológica y social) al atleta y a las víctimas.

(ii) La respuesta contractual se enmarca dentro de la regla contractual pactada entre el deportista y el equipo o club, traduciéndose en la existencia o no de cláusulas de moralidad, vale decir, cláusulas en el contrato que establezcan determinados efectos ante la eventualidad de que el deportista y/o la institución se vea involucrada en presuntos delitos u otra conducta reñida con la ley. En un supuesto así, podría pactarse la resolución del contrato en caso de verificarse que el deportista ha sido acusado por un determinado delito, ha realizado determinado tipo de conductas ilícitas, o incluso, conductas que, si bien no son ilícitas, pueden afectar la reputación de la institución que lo contrata. Es preciso mencionar la importancia que tiene, para este tipo de medidas, el daño reputacional que la conducta de una persona en particular puede producir a una institución o marca, lo cual tiene directa relación con aspectos accesorios a la actividad deportiva, como la regulación de los derechos de imagen de los deportistas. Estas cláusulas de moralidad se encuentran presentes en la mayoría de los contratos de deportistas de élite, y su aplicación tiene su origen en los contratos que actrices y actores de la industria cinematográfica suscribían con las respectivas compañías en los años 20.

Ambos modelos se diferencian principalmente en el enfoque de industria que tiene la respuesta institucional versus el sentido de marca individual del segundo. Mientras el modelo institucional tiene una aplicación general sobre todos los miembros de una institución o liga, el modelo contractual sólo se aplica respecto de los deportistas o miembros de una institución o liga en cuyos contratos se hayan incorporado las respectivas cláusulas de moralidad, lo cual quedará supeditado a los resultados de la negociación contractual, implicando una valoración del deportista como una marca independiente que se asocia con la marca club deportivo.

Como se dijo, en Chile recientemente se ha propuesto establecer la obligación para todo tipo de organización deportiva y a las sociedades anónimas deportivas de contar con protocolos en caso de deportistas acusados por delitos contra las personas (homicidio, femicidio, infanticidio, delitos sexuales, entre otros) y violencia intrafamiliar. Esta moción parlamentaria se enmarca dentro del enfoque institucional anteriormente propuesto y reconoce la autonomía que tienen las organizaciones deportivas de establecer mecanismos idóneos para la prevención de estas conductas. En este sentido sigue un modelo similar al que clubes de fútbol han implementado en Argentina, donde se registran anualmente numerosos casos de violencia doméstica en que se ven involucrados jugadores. Este modelo destaca por la formación de comisiones sobre equidad de género u otras de similar denominación dentro de cada club, e incluso algunas instituciones han avanzado hacia el establecimiento de instrumentos normativos que determinan la forma a través de la cual la institución procederá en caso de que alguno de sus deportistas y funcionarios se vea involucrado en hechos que puedan revestir el carácter de delito o de violencia intrafamiliar, siendo su aplicación la misma si la agresión se da al interior del hogar del jugador o bien durante el cumplimiento de sus labores con el club. Este es el modelo que siguen equipos como Newell´s Old Boys, Racing, Rosario Central y San Lorenzo.


Eduardo Faúndez Sánchez

Derecho, PUCV. Asesor Legislativo, Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

eduardo@montoyaviera.cl

Asociado en Montoya&Viera

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