En general, la Superintendencia de Educación tiene al menos cinco funciones que son de gran relevancia, tales como: (i) fiscalizar el cumplimiento de la normativa escolar; (ii) fiscalizar el uso de los recursos entregados por el Estado; (iii) sancionar a los establecimientos educacionales que incumplan normativa legal; (iv) atender denuncias y reclamos efectuados por la comunidad educativa y, por último, (v) proporcionar información que requiera la comunidad escolar.

En este sentido, estas funciones se han visto afectadas dada la situación actual del país dada por la llegada del brote del Virus Covid-19, afectando no solo la forma en cómo se hacen las clases sino todo el engranaje educativo que gira alrededor de entregar educación.

En particular se ha visto afectada la forma en como la Superintendencia de Educación ejerce las funciones que ya fueron enunciadas, estableciendo que mientras las condiciones de salud lo ameriten se dará preferencia solo a ciertos programas de fiscalización, programas que giran en base a 4 ejes centrales:

1.- Entregar y asegurar la continuidad de la prestación del servicio educativo.

2.- Que los programas de convivencia, formación y desarrollo personal se sigan prestando. 3.- Fiscalizar normas de seguridad y salud no solo de los alumnos sino que de los docentes y asistentes.

4.- Fiscalizar el adecuado uso de recursos. 

Por lo anterior, este organismo público ha publicado el dictamen Nº 53, de fecha 17 de marzo de 2020. En él se establece que la Superintendencia continuará ejerciendo las funciones propias, enfocándose en los aspectos que ya enumeramos, haciendo presente que parte de estos procesos de fiscalización tendrán como eje el ejercicio de sus funciones con mesura y razonabilidad.

Además de estos aspectos, la Superintendencia ha flexibilizado la exigencia sobre los cumplimientos de contratos civiles que los establecimientos educacionales hayan contratado para distintos fines, aceptando el cumplimiento por equivalencia de los servicios o bienes contratados, así como el cambio de algunas condiciones contractuales.

“Los colegios deben asegurar la accesibilidad material al sistema educativo”.

De la misma manera se han enunciado una serie de medidas que deben cumplir los colegios para asegurar la accesibilidad material al sistema educativo, ello, como consecuencia de la suspensión de clases. En consecuencia, se ha permitido:

1.- Que las diferentes SEREMI de educación permitan aprobar o autorizar la recalendarización de clases para el cumplimiento de los planes y programas de estudio, priorizando ciertos contenidos.

2.- Respecto al derecho a recibir la subvención escolar, durante el período de suspensión de clases, se ha autorizado al Mineduc a no considerar la asistencia media promedio registrada por curso para el cálculo de la subvención escolar mensual.

3.- En cuanto a permitir imputar gastos para realización de clases a distancia con cargo a la ley SEP, se ha permitido una mayor flexibilización en cuanto al uso de los recursos provenientes de esta ley, especialmente en lo que dice relación con gastos de software, hardware, licencias, entre otros, que permitan y posibiliten la implementación de las clases a distancia.

4.- Sobre los servicios mínimos que deben continuar proveyendo los distintos establecimientos educacionales durante el periodo de suspensión de clases, en este sentido y en concordancia con lo establecido en la ley general de educación, se ha acordado que los establecimientos educacionales deben continuar entregando suministro de alimento a sus alumnos, debiendo además continuar con la mantención de servicios de higiene, y ejecutar campañas sanitarias y de inmunización que correspondan. Asimismo, deben continuar ejecutando servicios de aseo, mantención, reparación, preparación y entrega de material pedagógico, etc.

Es en base a este nuevo y extraordinario escenario social y sanitario es que la Superintendencia de Educación, mediante Resolución exenta Número 198 de 03 de abril de 2020, ha autorizado la tramitación excepcional de denuncias relacionadas con casos críticos que se verifiquen durante este periodo de suspensión de clases y que signifiquen una afectación grave a los derechos de las comunidades educativas.  En este sentido, se ha establecido un procedimiento especial, extraordinario, para recibir e investigar denuncias relacionadas con posibles vulneraciones a los siguientes derechos:

1.- Acceso y permanencia en el sistema educativo

2.- Adecuado uso de los recursos y continuidad del servicio educativo.

Es por esto que, frente a este nuevo escenario sanitario que nos afecta es necesario estar adecuadamente actualizado en la normativa que se va produciendo en el sector educacional, pues este será el marco en el que los establecimientos educacionales deben operar. Debemos tener claridad que nos encontramos ante un contexto excepcional que requiere de todo nuestro esfuerzo para su superación, como parte activa de la comunidad, permitiendo el desarrollo del área educativa dentro de este nuevo entorno que todos los días plantea un reto nuevo.


Francisca Viera Vicencio

Abogada / Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social.

Montoya & Viera.

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